Acusan a guardias libios de agresiones sexuales a menores

Cuando las fuerzas de seguridad libias la rescataron este año, la joven somalí creyó que ese sería el final de su sufrimiento. Había estado encerrada más de dos años, padeciendo agresiones sexuales a manos de traficantes de personas conocidos por extorsionar, torturar y agredir a migrantes como ella que intentaban llegar a Europa

En lugar de eso, la joven de 17 años dijo que las agresiones sexuales han continuado, sólo que ahora las cometen guardias del centro gestionado por el gobierno en la capital de Libia Trípoli, donde está detenida.

Ella y otras cuatro adolescentes somalíes que sufren abusos similares están rogando ser liberadas del centro de detención de Shara al Zawiya. Forma parte de una red de centros gestionados por el Departamento para Combatir la Inmigración Ilegal (DCIM) de Libia, respaldado por la Unión Europea en su campaña por convertir al país africano en un baluarte contra el flujo migratorio de personas, sobre todo africanas, que cruzan el Mar Mediterráneo.

“Aunque no es la primera vez que sufro ataques sexuales, esto es más doloroso porque fueron cometidos por la gente que debería protegernos”, dijo la joven a The Associated Press a través de un celular obtenido de contrabando.

“Tienes que ofrecer algo a cambio para poder ir al baño, o llamar a la familia, o para evitar una golpiza”, dijo. “Es como si estuviéramos detenidas por los traficantes”.

The Associated Press no identifica a las víctimas de agresión sexual, y la joven también pidió no ser identificada por temor a represalias.

Los contrabandistas y traficantes en Libia —muchos de ellos miembros de milicias— son conocidos desde hace tiempo por el trato brutal al que someten a los migrantes. Pero grupos defensores de los derechos humanos y agencias de las Naciones Unidas dicen que los abusos también se producen en las instalaciones oficiales que gestiona el CDIM.

“La violencia sexual y la explotación son rampantes en varios centros de detención (para migrantes) en todo el país”, dijo Tarik Lamloum, un activista libio que trabaja con la Organización Belaady de Derechos Humanos

La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) ha documentado cientos de casos de violaciones de mujeres en centros de detención del DCIM o prisiones de traficantes. Algunas quedaron embarazadas y dieron a luz durante su detención, dijo Vincent Cochetel, enviado especial de la agencia para el Mediterráneo Central.

Las cinco adolescentes son las únicas migrantes detenidas en Shara al Zawiya, un centro donde los migrantes sólo suelen pasar breves periodos de tiempo mientras se tramitan sus casos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos dicen que llevan semanas tratando de conseguir su liberación.

Después de que la rescataran de los traficantes en febrero, la joven fue reunida con otras ocho jóvenes migrantes en Shara al Zawiya. Cuatro de ellas fueron liberadas más tarde bajo circunstancias poco claras.

Una noche de abril, en torno a la medianoche, pidió a un guardia que la dejara ir al baño. Cuando terminó, el guardia la atacó y le aferró los pechos con fuerza, recordó.

“Me quedé petrificada y no sabía qué hacer”, le dijo a AP. El guardia la manoseó, incluidas sus zonas íntimas, y después se desabrochó los pantalones e intentó desnudarla para violarla, dijo. El ataque prosiguió pese a que ella lloraba, forcejeaba y le suplicaba que se quitara de encima.

“Sólo se detuvo cuando acabó sobre mi ropa”, dijo. “Tuve suerte de que acabara rápido”.

Después el guardia le ordenó que limpiara la ropa que se había manchado de semen, dijo entre lágrimas.

Aterrada, regresó a su celda y le dijo a otra de las niñas lo que había ocurrido. Pronto supo que no había sido la única víctima. Todas ellas, de entre 16 y 18 años, habían sufrido abusos similares o peores por parte de los guardias, dijo.

Una chica de 16 años en la misma celda dijo a la AP que había empezado a sufrir acoso sexual unos pocos días después de llegar al centro. Cuando pidió a un guardia que la dejara llamar a su casa, él le dio un teléfono y la dejó salir para llamar a su madre. Pero después de que colgó se puso detrás de ella y le agarró los pechos, explicó.

Ella le retiró las manos y empezó a llorar. El guardia sólo se detuvo al darse cuenta de que había otros empleados en el centro, dijo.

“Todos los días hacen esto”, dijo. “Si te resistes, serás golpeada o privada de todo”.

El gobierno libio no ha respondido a peticiones de la AP para que haga comentarios.

Al menos dos de las chicas intentaron suicidarse a finales de mayo tras supuestas golpizas e intentos de violación, según el grupo activista local Libyan Crime Watch y agencias de la ONU.

Una de ellas, de 15 años, fue trasladada al hospital el 28 de mayo y atendida por el grupo de ayuda humanitaria Médicos Sin Fronteras, pero fue devuelta al centro de detención.

Maya Abu Ata, vocera de MSF en Libia, confirmó que el personal había atendido a las dos pacientes en su clínica.

Los equipos de MSF “pidieron que fueran liberadas de su detención y presionaron a agencias de protección y a diferentes interlocutores. Sin embargo, sus intentos fueron infructuosos”, dijo.

La ACNUR dijo estar trabajando con las autoridades libias para liberar a las cinco jóvenes que siguen en Shara al Zawiya, y para que sean evacuadas de Libia.

El caso de las adolescentes en Shara al Zawiya también hace resurgir las interrogantes en torno al papel de la UE en el ciclo de violencia que atrapa a los migrantes y solicitantes de asilo en Libia. La UE entrena, equipa y financia a la Guardia Costera libia para que intercepte a las personas que intentan cruzar el Mediterráneo Central hacia Europa. Se sabe que al menos 677 personas han muerto o desaparecido en lo que va del año en esa peligrosa travesía.

Casi 13.000 hombres, mujeres y niños han sido interceptados por guardacostas libios y devueltos a las costas de Libia desde que comenzó el año y hasta el 12 de junio, una cifra récord. La mayoría son trasladados a centros gestionados por el DCIM.

Grupos defensores de los derechos humanos han documentado falta de atención sanitaria e higiene básica, alimento y agua en algunos de los 29 centros operados por el DCIM, así como golpizas y torturas. El DCIM recibe apoyo, suministros e instrucción, incluyendo sobre derechos humanos, a través del Fondo para África de la Unión Europea, que asciende a 4.900 millones de euros.

Occidente ha elogiado a Libia por el cese del fuego alcanzado el año pasado por facciones rivales y por el nombramiento de un gobierno interino este año, lo que dio pie a visitas de mandatarios europeos y a la reapertura de algunas embajadas. Sin embargo, pese a la apariencia de una creciente estabilidad política, activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos dicen que su acceso a los migrantes en los centros de detención está tornándose más restringido.

“Las armas callan, hay un cese del fuego (...) pero las violaciones a los derechos humanos continúan sin freno”, dijo Suki Nagra, representante en Libia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que da seguimiento a los reportes sobre abusos en Shara al Zawiya.

Incluso cuando los casos están documentados y los presuntos perpetradores son detenidos, a menudo terminan en libertad debido a falta de testigos dispuestos a declarar por temor a sufrir represalias. Por ejemplo, Abdel Rahman Milad, que estaba bajo sanciones de la ONU y fue detenido el año pasado por cargos de tráfico de personas y contrabando de combustible, salió libre en abril sin juicio.

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Brito reportó desde Barcelona.