AMLO, contra la pared, por las acusaciones de que el Ejército participó en Ayotzinapa

Las revelaciones de que el Ejército mexicano participó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han puesto al presidente Andrés Manuel López Obrador contra la pared porque ocurren justo cuando pretende ampliar, hasta 2028, el plazo para que las fuerzas armadas se hagan cargo de la seguridad pública.

A diferencia del reporte presentado durante el gobierno de Peña Nieto, en el que se omite la intervención de los militares en la trágica noche del 26 de septiembre de 2014, en el nuevo informe se describe que, desde que salieron de su escuela en Ayotzinapa hasta que llegaron a Iguala, los jóvenes desaparecidos fueron vigilados y seguidos por miembros del Ejército y de las policías federales y municipales. De aquí se deduce que estuvieron al tanto de todo lo que ocurrió después.

Según el nuevo informe, comisionado por López Obrador, el grupo criminal Guerreros Unidos asesinó y enterró esa misma noche a la mayoría de los jóvenes porque los confundieron con integrantes de un grupo rival y para ello contaron con la complicidad de las fuerzas armadas y policiales.

Más aún, en el nuevo informe se acusa directamente al general retirado José Rodríguez Pérez de haber ordenado el asesinato de seis de los estudiantes que estaban bajo custodia del Ejército. Rodríguez Pérez, quien hoy está preso junto con otros tres militares, era el comandante del 27 Batallón de Infantería cuando se suscitaron los hechos en Iguala.

La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que elaboró el nuevo reporte, asegura que, después de la matanza de los estudiantes, se cometió un segundo crimen: el de fabricar desde los más altos niveles del poder una “verdad histórica” para encubrir lo que realmente pasó y proteger a los responsables, en especial, a los miembros del Ejército.

Se trató, de acuerdo con la Comisión, de un crimen de Estado, por lo que pide que se investigue a todos los que participaron, tanto en el homicidio de los jóvenes como en el ocultamiento de la verdad.

Es aquí donde López Obrador enfrenta un serio dilema. El presidente ha insistido en que se esclarezcan los hechos de Ayotzinapa para responder al justo reclamo de los padres y compañeros de los jóvenes que exigen justicia. El problema es que esto implicaría tocar al Ejército, una institución a la que le ha dado un inmenso poder y en la que se apoya para realizar las tareas más importantes de su gobierno, desde la seguridad pública hasta la administración de puertos y aduanas y la construcción de sus megaproyectos.

El escenario es por demás complicado y ha desencadenado ya un choque de trenes en el interior del mismo gobierno. De un lado se encuentran la Subsecretaría de Derechos Humanos, que pertenece a la Segob, y la Fiscalía Especial de Ayotzinapa que exigen que se investigue a las fuerzas armadas por su participación en los hechos. Por otra parte, está la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) que tacha de absurdas las acusaciones contra sus elementos porque dice que están basadas en testimonios de delincuentes confesos pertenecientes al grupo de Guerreros Unidos.

Hasta ahora, como hemos visto, el Ejército está haciendo uso de todo su poder e influencia para detener los daños ocasionados a su institución. Varios medios han informado que la FGR (Fiscalía General de la República) ha desistido de 21 de 83 órdenes de aprehensión que el fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, había solicitado. Ante este revés y diferencias en la forma de llevar el caso, el funcionario decidió renunciar.

Para complicar más el panorama, la DEA (Agencia contra las Drogas) de Estados Unidos acaba de revelar que tiene indicios de que miembros del grupo Guerreros Unidos se reunían con integrantes del Ejército, la Marina y las policías de Iguala y de Cocula desde seis meses antes de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Los indicios se derivan de mensajes instantáneos por Blackberry intervenidos por la DEA entre el 22 de marzo y el 8 de junio de 2014. La FGR presentó ante un juez las transcripciones de esas conversaciones para acreditar el delito de delincuencia organizada. Fue asi como consiguió, el pasado 19 de agosto, 20 órdenes de aprehensión contra miembros de los 27 y 41 Batallones de infantería en Guerrero. Sin embargo, tres semanas después desistió de 16 de esas órdenes de captura.

López Obrador ha tenido que recurrir a toda clase de malabares políticos para sortear el vendaval. Insiste en que el hecho de que haya acusaciones contra algunos elementos del Ejército no significa que esta institución sea corrupta y nefasta. “Es pueblo uniformado”, dice una y otra vez, como si dentro del pueblo no existieran también criminales.

Por otra parte, sigue adelante con sus planes de que los militares continúen en las calles hasta 2028 para combatir al narcotráfico y velar por la seguridad pública. Como su iniciativa para reformar la Constitución y lograr ese propósito fracasó en el Congreso, ahora prepara un plebiscito para ver qué opina la gente. El referendo no será organizado por el INE (Instituto Nacional Electoral) sino por la Segob (Secretaría de Gobernación), por lo que ya podemos imaginarnos que el resultado favorecerá los deseos del presidente.

Así las cosas, es difícil pensar que el gobierno de López Obrador quiera llevar este caso hasta sus últimas consecuencias y castigar a todos los implicados. Para ello tendría que investigarse no solo a los militares y policías involucrados de manera directa en la muerte de los estudiantes sino a quienes encubrieron los hechos. La lista es larga, pero en primer lugar estarían el expresidente Enrique Peña Nieto; el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos e incluso el titular actual, Luis Crescencio Sandoval, quien era la mano derecha de su predecesor.

Todo indica que, al menos por ahora, el gobierno se centrará en investigar y enjuiciar a unos cuantos militares matizando que el Ejército de ahora es muy diferente al de hace cuatro años lo cual, a todas luces, carece de lógica, pero es un argumento central para mantener su alianza estratégica con las fuerzas armadas.

En vista de la alta popularidad que tiene y de sus habilidades políticas, es posible que López Obrador se salga con la suya y logre que las fuerzas armadas continúen en las calles hasta 2024. También es posible que, de aquí a que termine su mandato, consiga bajar la presión pública sobre Ayotzinapa con la promesa de que la investigación no se descarrilará.

Pero lo que no es posible es que, si la investigación se empantana y al final no se hace justicia, el pueblo de México y la historia lo perdonen.

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