La esposa del periodista indio encarcelado habla un año después de su detención: ‘Mi marido no cometió ningún delito’

Durante más de 19 años, la vida de Raihanath Kappan ha girado en torno a su familia y su hogar: Criar a sus tres hijos, cuidar de su suegra, ya mayor, y mantener a su marido.

Ahora, a los 38 años, ha asumido la difícil tarea de luchar contra el poder del sistema legal indio, mientras lucha por conseguir la liberación de su marido Siddique Kappan.

Kappan, de 42 años, es un periodista del estado de Kerala, en el sur de la India, que fue detenido junto con otras tres personas el 5 de octubre del año pasado cuando se dirigían a reportar la presunta violación en grupo y muerte de una niña dalit (antes intocable) en Hathras, situado en el estado norteño de Uttar Pradesh.

Un año después de su detención, Kappan y sus abogados aún no han visto el pliego de cargos completo contra él, pero se entiende que se enfrenta a acusaciones que incluyen sedición, incitación a la violencia, ultraje a los sentimientos religiosos y actividades terroristas en virtud de la draconiana UAPA (Ley de Prevención de Actividades Ilegales).

El pliego de cargos contra Kappan afirma que él y los demás -identificados como Atiq-ur-Rahman, Masood Ahmed y Alam- eran miembros del PFI (Frente Popular de la India), una organización islamista radical, y que viajaban a Hathras para provocar disturbios.

La policía ha construido su caso utilizando en parte artículos de prensa escritos por Kappan sobre temas relacionados con la supuesta persecución de los musulmanes en la India, tratando de construir un caso en el que no era un periodista responsable.

Los artículos periodísticos a los que se refiere el pliego de cargos, según el Indian Express, incluyen los escritos de Kappan sobre los disturbios religiosos en Delhi a principios de 2020 y las protestas contra la Ley de Enmienda de la Ciudadanía del gobierno, artículos que, según la policía, fueron “escritos para incitar a los musulmanes”.

En declaraciones a The Independent, el abogado de Kappan, Wills Mathews, dijo que: “Es un hecho establecido que mi cliente es un periodista. No ha hecho nada que viole la Ley del Consejo de Prensa de la India. Sus artículos han sido justos e imparciales”.

“Además, no es miembro del PFI. Aunque lo fuera, el PFI no es una organización prohibida”, añadió Mathews.

El PFI también emitió un comunicado a principios de este año, en el que afirmaba que creía que el caso tenía una motivación política y que ninguno de los hombres era miembro suyo.

No obstante, el pliego de cargos de la policía, del que The Independent ha tenido conocimiento, acusa a Kappan de ser miembro de una organización terrorista, de intentar dañar la integridad de la India por orden del PFI y de incitar al conflicto de clases. También le acusa de crear un sitio web en nombre de la víctima de Hathras.

Según su esposa, Kappan es inocente y solo está pagando el precio por hablar contra el gobierno. “Mi marido no ha cometido ningún delito, estoy segura de ello”, afirma. “Están utilizando la UAPA para que ningún periodista vuelva a escribir contra el gobierno”.

Kappan permanece en la cárcel mientras los fiscales deciden con precisión cómo formular los cargos contra él a partir del pliego de cargos de 5.000 páginas preparado por la policía. Un tribunal de primera instancia de Uttar Pradesh se ha hecho cargo del caso, pero hasta ahí han llegado los procedimientos y, sea cual sea la decisión sobre su caso, Kappan se enfrenta a la certeza de una larga lucha en el notoriamente pesado sistema judicial indio.

Su esposa ha declarado que su petición de que se entregue el pliego de cargos completo a su equipo de defensa lleva más de tres meses atascada en el tribunal.

“Es nuestro derecho fundamental tener una copia del pliego de cargos. Sin ella, ¿cómo podemos saber cuál es exactamente el caso que el Estado está construyendo contra nuestro cliente?”, preguntó Mathews.

La parte más dura de la lucha para Raihanath fue el primer mes y medio después de la detención de su marido, dice, cuando “no teníamos ninguna información”.

“Ni siquiera al abogado se le permitió hablar con él. No sabía si estaba vivo o muerto”, dice. “Solo después de que nos dirigiéramos al Tribunal Supremo, y de que éste enviara un aviso al gobierno de la UP (Uttar Pradesh), se nos permitió hablar con él”.

“Al principio no dormía”, dice. “Me sentaba y lloraba durante horas. Mis hijos me preguntaban constantemente por qué su padre no podía venir a casa. Pero tuve que levantarme”. Los tres hijos de la pareja -dos niños y una niña- tienen 18, 13 y 8 años respectivamente.

Aunque el retraso fue “inexplicable”, dice, fue durante este tiempo cuando Raihanath también recibió el impulso de la comunidad de periodistas de Kerala, que se unió para apoyar a su marido.

El KUWJ (Sindicato de Periodistas Trabajadores de Kerala), al que pertenece Kappan, presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Supremo al día siguiente de su detención, y a día de hoy sigue organizando concentraciones para dar a conocer el caso. Esto incluye protestas en varias ciudades, incluida Delhi, organizadas en colaboración con el Consejo de Prensa de la India en el aniversario del 5 de octubre de la detención.

En su declaración de condena de la detención de Kappan el año pasado, el Consejo de Prensa de la India acusó al gobierno de la UP de intervenir los teléfonos de los periodistas que cubrían el caso de la violación en grupo de Hathras y de otras “injerencias directas en el trabajo profesional de los periodistas”, lo que calificó de “flagrante violación” de la libertad de expresión según la Constitución de la India. La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 sitúa a India en el puesto 142 de 180 países.

La semana pasada, la KUWJ presentó una petición de desacato ante el Tribunal Supremo contra las autoridades de la UP, afirmando que su “inacción” representaba tanto una “amenaza para la vida del acusado” como una “amenaza para el Estado de Derecho”.

La petición también llamaba la atención sobre el mal estado de salud de Kappan, afirmando que, a pesar de una orden judicial que ordenaba su tratamiento en un hospital de Delhi, fue devuelto a la cárcel una semana después de dar positivo en el test de Covid en mayo. Según el diario, Kappan padece altos niveles de azúcar y graves problemas dentales, y describe al periodista como “enfermo, desmoralizado y con fuertes dolores debido a la falta de atención médica”.

The Independent se puso en contacto con Prashant Kumar, director general adicional de la policía para el orden público de Uttar Pradesh, por teléfono y correo electrónico, pero no recibió respuesta antes de la publicación.

A pesar de los obstáculos legales que aún quedan por delante, Raihanath dice que no ha perdido la esperanza. “Mi marido no ha cometido ningún delito, estoy segura de ello, ya que la verdad está de mi lado”.

Casada a los 19 años, cuando se estaba formando como técnica de laboratorio, Raihanath había decidido no seguir una carrera y cuidar de su familia.

Dependían totalmente de los ingresos de Kappan, de 25.000 rupias (menos de ₤250) al mes. Sin él, amigos y familiares ayudan a los Kappans económicamente.

“Ahora, cuando miro atrás, pienso que debería haber terminado mis estudios y haber conseguido un trabajo”, dice Raihanath.

En el último año, su vida ha pasado de ser una simple ama de casa a una mujer que lucha contra el Estado para que se haga justicia, sin dejar de gestionar el hogar. Raihanath afirma que sus días son agotadores, pero que “no tiene opción de descansar” y está decidida a luchar hasta el final.

“Mi misión es conseguir su liberación. Aunque soy una mujer normal y corriente, tengo la convicción de que debo hablar contra este grave error. No se trata solo de mí, sino de muchos otros como yo”, afirma. “No soy solo la esposa de Siddique, él es también mi mejor amigo. Si no lucho yo, ¿quién lo hará?”.