Departamento de Justicia obtuvo cintas de vigilancia de Mar-a-Lago tras citación a Organización Trump
Los investigadores federales están investigando si Trump violó las leyes contra la posesión no autorizada de registros federales
El Departamento de Justicia obtuvo imágenes de cámaras de seguridad del interior de Mar-a-Lago, la mansión de Palm Beach, Florida, convertida en club privado donde el expresidente Donald Trump tiene una oficina y residencia, antes de solicitar una orden de cateo de la casa del expresidente.
Según múltiples informes, los investigadores federales emitieron una citación para las imágenes de circuito cerrado a la Organización Trump, el negocio hotelero y de bienes raíces homónimo del expresidente, a principios de este año, después de una reunión entre representantes del Departamento de Justicia y los abogados de Trump en su casa de Florida. La reunión fue parte de un esfuerzo prolongado de los funcionarios federales por recuperar propiedad del gobierno (registros presidenciales, algunos altamente clasificados) que Trump retiró indebidamente de la Casa Blanca antes de que terminara su mandato en enero de 2021.
Una de las abogadas de Trump, la expresentadora de One America News, Christina Bobb, dijo en el canal trumpista de televisión Real America's Voice TV que Trump y su equipo legal habían sido “extremadamente cooperativos” con los agentes federales, a quienes se les otorgó “acceso libre” a la mansión.
Los funcionarios del Departamento de Justicia y la Administración Nacional de Archivos y Registros (Nara) han estado negociando con Trump la devolución de los registros de su administración, que según la ley estadounidense son propiedad del gobierno. En enero, Nara le dijo al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que el expresidente había entregado 15 cajas de registros, incluidos documentos que la agencia calificó como tan altamente clasificados que no podían describirse fácilmente sin violar las leyes estadounidenses que protegen los secretos de la defensa nacional.
Trump afirmó que estaba cooperando con el gobierno antes del lunes, cuando los agentes del FBI ejecutaron una orden de registro en su casa y oficina en Mar-a-Lago. En los días transcurridos desde entonces, él y sus aliados afirmaron, sin ofrecer ninguna prueba, que el registro de su propiedad es parte de un intento inapropiado de impedir su posible candidatura en las elecciones de 2024, y acusaron al presidente Joe Biden y al fiscal general Merrick Garland de utilizar a la agencia federal contra un posible rival político de Biden.
Hasta ahora, el Departamento de Justicia se ha negado a explicar sus acciones o comentar sobre la investigación en torno a la retención de registros federales por parte de Trump después de su paso por la Casa Blanca. Pero los expertos legales dicen que su posesión de documentos gubernamentales, clasificados o no, podría exponerlo a una responsabilidad penal significativa. Una ley firmada por Trump durante su gobierno endureció significativamente la pena por el manejo inadecuado de información clasificada, extendiendo la pena de prisión para los infractores de uno a cinco años.