DWP admite haber negado de forma errónea beneficios para personas discapacitadas en cifra récord
Exclusiva: Hay advertencias de que las “fallas en el sistema” han llevado a que casi 80.000 decisiones de Pago de Independencia Personal se anulen en la revisión inicial
El gobierno británico registra un número récord de solicitantes de beneficios por discapacidad que han sido rechazados de forma errónea por sus propias evaluaciones a medida que el costo de corregir estos errores se dispara, según muestran las nuevas cifras.
Activistas señalaron “fallas en el sistema” que llevaron a que casi 80.000 decisiones de Pip (Pago de Independencia Personal) se anularan en la revisión inicial el año pasado.
Mientras tanto, cifras separadas muestran que el costo de estas revisiones aumentó un 26 por ciento en los últimos dos años, a pesar de que el número de revisiones realizadas por el DWP (Departamento de Trabajo y Pensiones) disminuyó un 23 por ciento durante el mismo periodo.
Los reclamantes que deseen apelar una decisión de Pip, la cual se basa en las evaluaciones de dos firmas privadas (Capita y Atos) primero deben apelar a través del proceso interno del departamento, conocido como reconsideración obligatoria.
La tasa a la que estas apelaciones han llevado a que se revoque una decisión aumentó del 22 por ciento (46.580 de 236.720) hace tres años, al 43 por ciento (78.390 de 182.880) el año pasado, según datos obtenidos a través de las FOI (leyes libertad de información).
Aparte, las cifras publicadas por la ministra del DWP, Chloe Smith, en respuesta a una pregunta parlamentaria escrita muestran que el costo para los contribuyentes de las consideraciones obligatorias para Pip fue de US$33,7 millones (£24,8 millones) el año pasado, en comparación con US$26,8 millones (£19,7 millones) en 2018/2019 y US$18,6 millones (£13,7 millones) en 2016/2017.
Los hallazgos generaron advertencias de que los ministros “convierten la vida de las personas discapacitadas en un caos” al someterlas a esperas “largas y estresantes” para obtener el apoyo adecuado, mientras presiden un “despilfarro espantoso” del dinero de los contribuyentes.
Cuando se le preguntó sobre el aumento, el DWP señaló un nuevo enfoque que brinda a quienes toman decisiones más tiempo para contactar a los reclamantes y recopilar evidencia.
La parlamentaria Vicky Foxcroft, ministra de la oposición en materia de Trabajo para personas discapacitadas, declaró que las nuevas cifras eran “otro ejemplo más de que el sistema de beneficios no funciona para las personas discapacitadas” y pidió al gobierno que “controle y resuelva este problema de una vez por todas”.
“Los ministros han hablado durante mucho tiempo sobre arreglar el sistema; estos altos niveles de reconsideraciones obligatorias exitosas muestran lo contrario”, agregó.
No hay un plazo objetivo para que el DWP complete las reconsideraciones obligatorias; algunas reconsideraciones tardan dos semanas, mientras que otras tardan varios meses. Durante este tiempo, la persona recibirá la cantidad que le otorgó el DWP, la cual no le será nada si la decisión fue negarle el beneficio.
Una reclamante de Pip, una mujer de 55 años de Devon, Inglaterra, que sufre de síndrome de fatiga crónica, trastorno de estrés postraumático, depresión y otras afecciones, le comentó a The Independent que solicitó una reconsideración obligatoria después de perder su apoyo a Pip en noviembre del año pasado, y aún no había recibido una respuesta del DWP.
La mujer, que no quiso ser nombrada, dijo que recibió beneficios por discapacidad desde 1996, pero le llegó una “carta inesperada” del DWP en 2021, solo varios meses después de que se reevaluara que aún era elegible para Pip. Dicha carta decía que necesitaba tener otra evaluación. Debido a la pandemia, se realizó vía telefónica.
“Esto no fue bueno para mí porque me pongo muy nerviosa cuando hablo con personas que no conozco por teléfono, además me canso y me confundo fácilmente [...] Cuando terminó la llamada, estaba llorando , exhausta, confundida con muchas de las preguntas que me hicieron”, contó.
En octubre de 2021, la mujer recibió una carta en la que se le informaba que su Pip se retendría por completo, lo que, según ella, la hizo sentirse “confundida y devastada”.
“Al leer la evaluación, fue como si se refirieran a otra persona. No entiendo cómo mis condiciones pueden ser juzgadas por teléfono y siento que muchos de mis problemas no fueron tomados en consideración y también se sacaron muchas conclusiones”, agregó.
“Ahora estoy preocupada por cómo me las arreglaré ahora que solo recibo US$353 (£260) por quincena para sobrevivir. Tener mis beneficios reducidos a la mitad significa que no puedo permitirme encender la calefacción o pagar a las personas que solía tener para ayudarme con las compras y otras tareas que no puedo hacer por mí misma”.
La mujer de 55 años se registró para una reconsideración obligatoria en noviembre de 2020, pero comentó que aún no había recibido una notificación del DWP de que se había recibido.
“Por lo que entiendo, esto se convirtió en una práctica normal de DWP, ya que tratan de disuadir a las personas de presentar una apelación, se rinden porque lleva mucho tiempo”, aseguró.
“Las evaluaciones deben hacerse de forma adecuada y, en primer lugar, deben tomarse las decisiones correctas. Se gasta una terrible pérdida de dinero en hacer estas evaluaciones incorrectas y, por desgracia, a menudo, las personas que más necesitan la red de seguridad adicional son las que pierden el apoyo”.
Paul Alexander, gerente de políticas de la organización benéfica para la igualdad de discapacidad Scope, comentó que la alta proporción de decisiones anuladas mostraba que había “fallas en el sistema” ya que el DWP “todavía se equivoca demasiadas veces, lo que hace que las vidas de las personas discapacitadas se conviertan en un caos mientras enfrentan luchas largas y estresantes para conseguir el apoyo adecuado”.
“Las personas discapacitadas no deberían tener que luchar para obtener lo que les corresponde. El DWP debe tomar las decisiones correctas a la primera”, añadió.
Los datos de la FOI muestran que una de cada cinco de las 905.870 decisiones iniciales de Pip tomadas el año pasado pasó a reconsideración obligatoria, y una de cada 13 de todas las decisiones iniciales se anuló en esta etapa.
Entre los miles que no tuvieron éxito en su reconsideración obligatoria y procedieron a llevar su caso a los tribunales, a más de la mitad (56 por ciento) se les “expiró”, lo que significa que el DWP lo revocó antes de que llegara a los tribunales, y el 69 por ciento de los que fueron al tribunal se anularon.
Phillip Anderson, jefe de políticas de MS Society, señaló que el proceso de apelación es “tan estresante” que muchas personas deciden no impugnar la decisión, “por temor a perder el poco apoyo que ya tienen”.
Agregó: “Pip debe medir la necesidad de apoyo de las personas, no su voluntad de luchar contra un sistema que las destina a fallar. Hacemos un llamado al gobierno para que enfrente los hechos y arregle este sistema defectuoso para que funcione de una vez por todas”.
Un portavoz de DWP declaró: “Para la mayoría de las reclamaciones de Pip, tomamos las decisiones correctas y todas las evaluaciones las llevan a cabo profesionales de la salud capacitados para considerar el impacto de la condición de salud o discapacidad de alguien, pero exploramos qué más podemos hacer para que el sistema de bienestar satisfaga mejor las necesidades de las personas discapacitadas a través de nuestro documento verde [documento de gobierno para aceptar propuestas y proponer discusiones] sobre salud y discapacidad”.
Capita y Atos se negaron a comentar.
Información adicional de Alex Williams