Grupos humanitarios piden a comisión de la UE revisar ley italiana que regula la migración

Una coalición de grupos humanitarios solicitó formalmente a la Comisión Europea que revise la legislación italiana que regula la migración, después de la última detención por parte del gobierno italiano de un barco utilizado para rescatar migrantes en el mar.

La organización sin fines de lucro Emergency, así como Médicos Sin Fronteras, SOS Humanity y ASGI, una asociación jurídica que estudia la migración, interpusieron la solicitud en la que afirman que la ley italiana plantea dudas sobre su compatibilidad con las normas de la Unión Europea y el derecho internacional.

La Comisión Europea es la guardiana de los tratados, las normas y los reglamentos de la UE, pero en varias cuestiones políticas tiene poco o ningún poder o voluntad de intervenir en la legislación nacional, a menos que esta se oponga a normas fundamentales que los Estados miembros se han comprometido a respetar.

El llamamiento supuso un nuevo avance en la represión de los migrantes en Italia bajo el gobierno de derecha de la primera ministra Giorgia Meloni. A principios de esta semana, las autoridades italianas confiscaron el barco Ocean Viking, operado por SOS Mediterranée en colaboración con la Cruz Roja, tras el último rescate de esa embarcación.

En un comunicado hecho público el jueves, SOS Mediterranée señaló que una inspección del barco realizada el martes por los guardacostas italianos en Civitavecchia detectó “unas pocas deficiencias técnicas y administrativas” que requerirán una investigación más a fondo. La investigación en profundidad demorará el regreso del Ocean Viking al mar, lamentó el grupo.

Este tipo de inspecciones son ahora rutinarias en Italia, en el marco de la intensificación de la supervisión gubernamental de las actividades de los grupos humanitarios que rescatan migrantes en el mar Mediterráneo y luego tratan de desembarcarlos en puertos italianos.

Los grupos de ayuda que presentaron una queja ante Bruselas citaron otras normas italianas que exigen que los barcos de rescate vayan a puerto después de un único rescate, en lugar de permanecer en el mar realizando otros rescates.

El gobierno de Meloni, que acusa a los grupos humanitarios de gestionar esencialmente un servicio de taxis para migrantes, también ha asignado puertos de desembarco muy arriba en la costa italiana.

El gobierno italiano afirmó que las normas son necesarias para la seguridad de los migrantes y para distribuirlos de modo que los centros de acogida del sur no estén sobrecargados. Pero los grupos de ayuda señalaron que las medidas prolongan el tiempo en que los buques caritativos están esencialmente fuera de servicio y alejados de la zona del Mediterráneo frecuentada por los traficantes de migrantes.