Defensores de DDHH señalan falta de crítica a abusos en Perú

Más de 50 personas han perdido la vida en las protestas que se han llevado a cabo en las calles de Perú desde que el presidente democráticamente elegido de la nación fue encarcelado, la mayoría de ellas a manos de la policía, pero sólo han emergido unas cuantas voces de preocupación a nivel internacional.

El relativo silencio de gran parte de la comunidad regional e internacional ha decepcionado a los defensores de los derechos humanos, quienes están pidiendo que se condene la violencia estatal que se ha desatado desde que Pedro Castillo fue destituido y encarcelado por intentar disolver el Congreso peruano.

“La sensación es que estamos solos”, comentó Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú. De “los Estados de la región, ninguno hace nada en concreto”, señaló.

La ausencia de la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, en una reunión de mandatarios de la región celebrada el martes en la capital de Argentina fue notable, y la mayoría de los dirigentes evitaron mencionar las muertes de civiles en Perú.

En una desafiante conferencia de prensa el martes, Boluarte pidió una “tregua nacional”. Culpó a los manifestantes de la violencia política que se ha apoderado del país, y afirmó que mineros ilegales, narcotraficantes y contrabandistas de personas formaron una “fuerza paramilitar” para tratar de generar caos para obtener una ganancia política. Dijo que numerosos bloqueos de carreteras y el daño a la infraestructura le han costado a la nación más de 1.000 millones de dólares en pérdida de producción.

La mandataria insinuó que los manifestantes que murieron por heridas de bala fueron atacados por otros manifestantes, y afirmó que las investigaciones mostrarán que sus heridas no son compatibles con las armas que la policía utiliza. Mientras tanto, unos 90 agentes de la policía se encuentran hospitalizados con moretones, ante lo que Boluarte preguntó: “¿Y los derechos humanos de ellos?”

El gobierno no ha presentado pruebas de que alguno de los policías heridos haya sufrido una herida de bala.

Defensores de derechos humanos han admitido que ha habido actos de violencia por parte de algunos manifestantes, incluidos intentos de tomar el control de aeropuertos e incendiar estaciones policiales, pero señaló que las protestas han sido pacíficas en su mayoría.

Algunos de los mandatarios presentes en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños señalaron que el gobierno de Perú era el responsable de la violencia.

El presidente chileno Gabriel Boric comentó que existe una “imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en Perú porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable”. Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, firme partidario de Castillo, exigió un “cese a la represión”.

Los activistas señalaron que la atención que han recibido es mucho menor a la que esperarían, considerando que 56 personas han muerto desde que la vicepresidenta de Castillo asumió el cargo para reemplazarlo el 7 de diciembre. Cuarenta y cinco perdieron la vida en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con el ombudsman de Perú.

“La comunidad internacional ha expresado preocupación, pero realmente creo que puede ser más contundente”, dijo César Muñoz, subdirector de la división de Human Rights Watch para América. Los mandatarios de la región podrían enfatizar que el “estado de derecho significa que debe haber investigaciones independientes de todas las muertes”.

En el centro de Lima, los manifestantes empezaban a reunirse para una más de una serie de protestas que comenzaron la semana pasada, cuando miles de personas, muchas de ellas procedentes de lejanas regiones andinas, llegaron a la capital para exigir la renuncia de Boluarte, que se celebren elecciones de inmediato y la disolución del Congreso. La mayoría de las protestas contra el gobierno que se realizaron antes de eso fueron en regiones remotas de Perú, lo que expuso las profundas divisiones entre los residentes de la capital y los de las zonas rurales que han estado abandonadas durante mucho tiempo.

En Lima, los manifestantes han sido recibidos con gas lacrimógeno, pero no con balas.

“Perú ha pasado desapercibido”, manifestó Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en la nación sudamericana. “Para la gravedad de la situación, con esta cantidad de personas que han fallecido, no vemos que se esté llamando la atención como podría hacerse”, añadió.

Las discusiones privadas sobre la cuestión continuaban en Buenos Aires, de acuerdo con un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina, que habló bajo condición de anonimato por carecer de autoridad para discutir políticas. “Perú es un tema espinoso”, pero la presión por parte de algunos mandatarios ha conducido a negociaciones de último momento, señaló.

La crisis que ha dado pie a los peores hechos de violencia política en Perú en más de dos décadas comenzó cuando Castillo, el primer presidente peruano procedente de una zona rural andina, trató de evitar el tercer juicio político contra su joven gobierno ordenando que se disolviera el Congreso. En lugar de ello, los legisladores lo destituyeron, y la policía nacional lo arrestó antes de que pudiera encontrar asilo.

Boluarte dijo el martes que Castillo era el único culpable por tratar de eludir las numerosas investigaciones de corrupción en su contra, e insinuó que estaba tratando de “victimizarse diciendo que le han dado golpe de Estado cuando él es el autor de su propio golpe de Estado”.

Las preguntas sobre el repentino acenso de Boluarte al poder no deberían menoscabar las críticas en torno a los abusos cometidos por la policía, señalaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

“Hay que hacer una presión internacional para que este gobierno cese con este tipo de actitudes represivas, y eso no tiene nada que ver con emitir una opinión sobre la legitimidad del gobierno”, comentó Manuel Tufró, quien dirige la división de justicia y seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, una organización argentina de derechos humanos.

El gobierno de Boluarte ha dejado claro que no aceptará críticas. Después de que la policía allanó una universidad de Lima donde algunos manifestantes se refugiaban el sábado, el presidente colombiano Gustavo Petro tuiteó que la Organización de Estados Americanos debe “examinar el caso de Perú”.

El primer ministro Alberto Otarola respondió, diciéndole a Petro que se “ocupe de sus asuntos”. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Perú emitió notas formales de protesta contra Petro y contra el presidente boliviano Luis Arce, quien expresaron su apoyo a las protestas.

La Unión Europea hizo una de las declaraciones más contundentes. Señaló el lunes que “condena la gran cantidad de víctimas desde el inicio de las protestas” y reiteró su rechazo “a los actos de violencia generalizados, así como al uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”.

La embajadora de Estados Unidos en Lima, Lisa Kenna, también sorprendió a muchos observadores hace unas semanas cuando dijo que “es fundamental que las fuerzas del orden respeten los derechos humanos, el derecho a la protesta y protejan a la ciudadanía”.

Algunos analistas dijeron que la débil respuesta regional demuestra que Perú ha perdido importancia debido a sus crisis políticas, tras tener seis presidentes en los últimos seis años.

“El Perú como país ha perdido presencia”, comentó Oscar Vidarte, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Católica de Perú. “Es un país caótico, un país que se vuelve ingobernable, cuestionado en materia de democracia y respeto por la vida humana”.

“Países en la región claramente le han dado la espalda”, puntualizó.

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La periodista de The Associated Press Almudena Calatrava en Buenos Aires, Argentina, contribuyó a este despacho.