Caducidad de Título 42 pone a prueba el sistema migratorio de EEUU

Con el final de las restricciones al asilo ligadas a la pandemia del coronavirus en la madrugada del viernes, los migrantes en el norte de México enfrentaban más dudas sobre el nuevo sistema online de citación para solicitar protección en Estados Unidos. Algunos seguían vadeando el río Bravo con temor, desafiando a los funcionarios que les pedían a gritos que regresasen, mientras que en otros puntos de la frontera se encorvaban sobre sus celulares para tratar de acceder a la app que podría cambiar su futuro.

El gobierno del presidente Joe Biden presentó sus nuevas normas en un intento de frenar la llegada ilegal de solicitantes de asilo a través de la frontera, reactivando y endureciendo las sanciones previas a la pandemia y creando nuevas vías legales para obtener protección y que tratan de anular a los traficantes de personas sin escrúpulos.

La transición al nuevo sistema se produjo durante la noche, en medio de los recursos legales y de los esfuerzos desesperados de los migrantes para cruzar una frontera reforzada con alambre de púas y soldados.

En Florida, un juez federal asesó un revés potencialmente grave al plan gubernamental al bloquear temporalmente su intento de liberar más rápidamente a los migrantes cuando las instalaciones de detención de la Patrulla Fronteriza se encuentren al máximo de su capacidad.

En Matamoros, al otro lado de la frontera de Brownsville, Texas, familias migrantes, algunas con niños en brazos, dudaron apenas un instante al vencer el plazo antes de adentrarse en las aguas del río Bravo que separa las dos ciudades, aferrándose a sus celulares para iluminar el camino hacia Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses les gritaron para que diesen media vuelta.

“Tengan cuidado con los niños", gritó un agente a través de un megáfono. “Esto es especialmente peligroso para los niños".

Por otra parte, en un campamento de migrantes al aire libre junto al puente fronterizo que separa Ciudad Juárez de El Paso, Texas, los celulares se iluminaban mientras los migrantes trataban de concertar una cita de asilo online a través de una aplicación administrada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

“No hay otra forma de entrar", dijo la venezolana Carolina Ortiz, que estaba acompañada de su esposo y dos sus hijos, de 1 y 4 años.

Otros en el asentamiento tenían el mismo plan: seguir probando suerte en la app.

Las normas que expiraron, conocidas como Título 42, estaban en vigor desde marzo de 2020 y permitían a los agentes fronterizos devolver rápidamente a los solicitantes de asilo a través de la frontera con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19.

Aunque el Título 42 impidió pedir asilo a muchos, no acarreaba consecuencias legales, lo que alentaba los intentos reiterados de ingreso. Después del jueves, quienes crucen de manera ilegal enfrentan la posibilidad de que se les prohíba entrar al país hasta por cinco años, así como posibles cargos penales.

Los migrantes custodiados por las autoridades estadounidenses frente a Tijuana, entre dos muros fronterizos, y muchos de los cuales pasaron varios días sin apenas comida, no reaccionaron de forma visible al final de las restricciones. Durmieron en el suelo bajo luces brillantes y soportando el aire fresco de la primavera. Los albergues de Tijuana estaban llenos con alrededor de 6.000 personas.

De momento se desconoce cuántos migrantes se movilizaron o cuánto podría durar la oleada. Pero el jueves en la noche el flujo parecía desacelerándose en ciertos lugares, aunque no estaba claro el motivo ni si volvería a incrementarse los cruces.

Un funcionario federal estadounidense reportó que la Patrulla Fronteriza detuvo a unos 10.000 migrantes el martes, casi el doble que el promedio diario del mes de marzo y algo por debajo de los 11.000 que las autoridades han fijado como límite máximo que prevén tras el vencimiento del Título 42.

Había más de 27.000 personas bajo custodia de la CBP, agregó el funcionario.

“Nuestros autobuses están llenos. Nuestros aviones están llenos”, dijo Pedro Cardenas, comisionado municipal de Brownsville, mientras los recién llegados se dirigían a distintos puntos de Estados Unidos.

El gobierno espera que el nuevo sistema sea más ordenado y ayude a algunos a solicitar asilo en Canadá o en España en lugar de en Estados Unidos. Pero Biden ha reconocido que la frontera será un caos durante algún tiempo. Los grupos de defensa de los migrantes han amenazado con emprender acciones judiciales y quienes huyen de la pobreza, de las pandillas y de la persecución en sus países de origen siguen desesperados por llegar a territorio estadounidense a cualquier precio.

Las instalaciones de detención a lo largo de la frontera estaban muy por encima de su capacidad. Pero la noche del jueves, el juez federal T. Kent Wetherell, designado al cargo por el presidente Donald Trump, frustró el plan del gobierno de comenzar a dejar en libertad a los migrantes cuando los centros de detención alcanzaran el 125% de su capacidad o en donde las personas estuvieran retenidas por un promedio de 60 horas. Las liberaciones expeditas, con notificaciones para reportarse a una oficina de inmigración en los siguientes 60 días, también se habrían activado cuando las autoridades detuvieran a 7.000 migrantes a lo largo de la frontera en un solo día.

El estado de Florida argumentó que el plan del gobierno era prácticamente idéntico a otra medida de Biden que había sido invalidada previamente por una corte federal. Horas antes el jueves, el Departamento de Justicia argumentó que su nueva medida era en respuesta a una emergencia y que evitar que se implementara “podría abrumar la frontera y plantear graves riesgos a la salud y la seguridad de los no ciudadanos y los funcionarios de inmigración”.

Wetherell bloqueó las liberaciones durante dos semanas y programó una audiencia para el 19 de mayo para determinar si se extiende o no la orden.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ya había advertido de un mayor hacinamiento en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza.

“No puedo enfatizar lo suficiente la presión sobre nuestro personal y nuestras instalaciones, pero sabemos cómo lidiar con esa presión”, dijo el jueves a la prensa.

Minutos antes de que entraran en vigor las nuevas restricciones, grupos de defensa de los migrantes presentaron una demanda para bloquear la iniciativa que prohíbe el asilo para cualquiera que cruce un tercer país, como México, para llegar a la frontera estadounidense, con pocas excepciones.

La demanda, presentada en una corte federal en San Francisco por el Center for Gender & Refugee Studies y otros grupos, sostiene que el gobierno de Biden “redobló” una política propuesta por el expresidente Donald Trump que ya fue rechazada por el mismo tribunal. La Casa Blanca afirma que la nueva directriz es considerablemente distinta.

El gobierno señala que está acelerando la expulsión de migrantes considerados inelegibles para permanecer en Estados Unidos, como las casi 400 personas que fueron enviadas en avión de regreso a Guatemala desde Estados Unidos el jueves.

Una de ellas era Sheidi Mazariegos, de 26 años, quien llegó a Guatemala el jueves con su hijo de 4 años, apenas ocho días después de que fueron detenidos cerca de Brownsville.

“Escuché en las noticias que había oportunidad de entrar, lo escuché en la radio, pero todo era mentira”, aseguró la guatemalteca, quien contó que traficantes la llevaron hasta Matamoros y la colocaron a ella y su hijo a bordo de una balsa. Ambos fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza.

Mazariegos, quien dijo que migró debido a la pobreza y que esperaba reunirse con sus hermanas que viven en Estados Unidos, había dejado a su esposo enfermo y a otros dos hijos en Guatemala.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que había habido un incremento en el número de traficantes en la frontera sur de México que ofrecían llevar a los migrantes a Estados Unidos y les decían que la frontera estaba abierta desde el jueves.

Al mismo tiempo, el gobierno ha presentado nuevas vías legales para entrar en Estados Unidos.

Hasta 30.000 personas procedentes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela pueden entrar cada mes si presentan una solicitud en línea, cuentan con un patrocinador financiero e ingresan vía aérea. Se están abriendo centros de procesamiento en Guatemala, Colombia y otros lugares. Cerca de 1.000 personas pueden entrar a diario por cruces terrestres desde México, siempre que consigan una cita mediante una app.

En albergues del norte de México, muchos migrantes eligieron no dirigirse a toda prisa a la frontera y esperar la fecha de sus citas de asilo ya programadas, o mantenían la esperanza de conseguir una por internet.

En el albergue Ágape Misión Mundial, en Tijuana, cientos de migrantes pasaban el rato. Daisy Bucia, de 37 años, y su hija de 15, llegaron al albergue hace más de tres meses procedentes del estado mexicano de Michoacán, huyendo de amenazas de muerte, y tienen una cita para pedir asilo el sábado en California.

Bucia leyó en redes sociales que las restricciones de la era de la pandemia estaban llegando a su fin en la frontera entre Estados Unidos y México, pero prefirió cruzar con mayor certeza en una fecha posterior.

“La gente lo que quiere es confundirte, más que nada”, destacó Bucia.

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Gonzalez informó desde Brownsville, Texas, y Spagat desde Tijuana, México. Los periodistas de The Associated Press Colleen Long y Rebecca Santana en Washington, D.C.; Christopher Sherman en Ciudad de México; Gerardo Carrillo en Matamoros, México; María Verza en Ciudad Juárez, México; Morgan Lee en Santa Fe, Nuevo México, y Suman Naishadham en Tijuana, México, contribuyeron a este despacho.