Merrick Garland pide a toda la comunidad legal que bloquee desalojos después de que Corte Suprema rechazó moratoria
La convocatoria generalizada a los proveedores de asistencia jurídica tiene como objetivo “garantizar el acceso a la justicia para los inquilinos vulnerables”, según la Casa Blanca
El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, ha convocado a “toda la comunidad legal” para ayudar a prevenir los desalojos luego de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que rechazó una moratoria federal, exponiendo a miles de estadounidenses vulnerables a perder sus viviendas durante la pandemia de coronavirus.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas el lunes que el fiscal general ha instado a las facultades de derecho, las clínicas jurídicas y los principales bufetes de abogados a "tomar medidas inmediatas para ayudar a prevenir desalojos innecesarios durante esta emergencia de salud pública".
El amplio llamado a los proveedores de asistencia legal tiene como objetivo "garantizar el acceso a la justicia para los inquilinos vulnerables", dijo.
Su llamado sigue a una carta, junto con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen y la secretaria de Vivienda, Marcia Fudge, a gobernadores, alcaldes, administradores de tribunales y otros funcionarios para solicitar "ayuda urgente" para prevenir desalojos innecesarios mediante la implementación de prohibiciones de desalojo a nivel local, requisitos para que los propietarios soliciten reparación antes de iniciar el proceso de desalojo y evitar que los casos avancen mientras la ayuda está pendiente, entre otras acciones.
El 26 de agosto, la Corte Suprema anuló el último congelamiento de desalojos de la administración de Joe Biden, una decisión que podría poner en peligro a millones de estadounidenses que se han atrasado en el pago del alquiler, incluso cuando miles de millones de dólares en ayuda federal han luchado por llegar a ellos.
El Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler, apoyado por dos amplios paquetes de ayuda del Congreso, ha distribuido alrededor de 5 mil millones de más de 46 mil millones para ayudar a inquilinos y propietarios con los pagos de vivienda y servicios públicos, lo que representa aproximadamente el 11 por ciento del total asignado por el Congreso, según el Departamento de Hacienda .
La ayuda a aproximadamente un millón de hogares se ha filtrado a un ritmo modesto: la ayuda se distribuyó a 341 mil hogares en julio, frente a 293 mil en junio y 157 mil en mayo, y el Departamento del Tesoro apunta a que el alivio de la renta apoya a los estadounidenses de ingresos más bajos, con 60 por ciento de hogares que no ganan más del 30 por ciento del ingreso medio de su área, según la Casa Blanca.
Según Psaki, al menos 40 decanos de las facultades de derecho ya cuentan con estudiantes de derecho y clínicas "para brindar asistencia legal a los inquilinos que enfrentan el desalojo”.
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El tribunal superior de la nación ha dicho que salvar una moratoria, que fue impuesta a través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., requeriría una ley del Congreso. El tribunal dictaminó que el CDC se había excedido en su autoridad.
“Si una moratoria de desalojo impuesta por el gobierno federal va a continuar, el Congreso debe autorizarla específicamente”, según la opinión de la mayoría.
Escribiendo para la disidencia, el juez Stephen Breyer argumentó que el tribunal tomó una decisión apresuradamente y no tuvo en cuenta sus rotundos impactos.
"Sus respuestas tienen un impacto en la salud de millones", escribió. "No debemos dejar de lado la moratoria de desalojo de los CDC en este procedimiento sumario".