Madre que perdió hija en tiroteo de Uvalde presenta demanda
Con poco cierre y escasas respuestas, Sandra Torres, madre de una pequeña que falleció en el tiroteo en una escuela de Uvalde, Texas, presenta una demanda federal contra la policía, el distrito escolar y el fabricante del arma que utilizó el atacante
La última conversación que Sandra Torres mantuvo con su hija de 10 años fue sobre su nerviosismo por saber si entraría al equipo para el Juego de Estrellas de softball. Horas después, Eliahna Torres era una de los 19 niños y dos profesoras masacrados en su escuela primaria de Uvalde, Texas.
Con poco cierre y escasas respuestas sobre la espera de 77 minutos de las fuerzas del orden el 24 de mayo en el pasillo de la escuela en lugar de enfrentarse al agresor, Sandra Torres presentó el lunes una demanda federal contra la policía, el distrito escolar y el fabricante del arma que utilizó el atacante.
“Mi bebé nunca salió de la escuela”, aseveró. “No hay responsabilidad ni transparencia. No se está haciendo nada”.
La demanda acusa a la ciudad, al distrito escolar y a varios departamentos de policía de un “completo fracaso” en seguir los protocolos de tirador activo y de violaciones de los derechos constitucionales de las víctimas al “atrincherarlas” dentro de dos aulas con el asesino durante más de una hora. La ciudad, el distrito escolar y la policía no devolvieron inmediatamente los mensajes en busca de comentarios.
Torres cuenta con la ayuda de la rama jurídica del grupo Everytown for Gun Safety. Su demanda también nombra al fabricante del fusil semiautomático de tipo AR que Salvador Ramos utilizó para disparar más de 100 balas en el terrible tiroteo masivo.
La demanda forma parte de un nuevo y creciente frente jurídico en la batalla judicial a nivel nacional sobre las armas de fuego. Mientras que los fabricantes de armas suelen ser inmunes, según la ley federal, a las demandas por delitos cometidos con sus productos, las familias de las víctimas del tiroteo de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut, consiguieron un acuerdo por 73 millones de dólares con Remington, el fabricante del arma utilizada en ese tiroteo hace una década.
El acuerdo se produjo después de que las víctimas argumentaran con éxito que demandar por la comercialización bajo la ley estatal era una excepción a la medida de inmunidad federal.
La nueva demanda de Uvalde alega que las tácticas de comercialización de Daniel Defense violaron la Ley de la Comisión Federal de Comercio al utilizar de forma negligente imágenes militaristas, colocación de productos en videojuegos de combate y medios sociales para dirigirse a “jóvenes vulnerables y violentos”, dijo Eric Tirschwell, director ejecutivo de Everytown Law.