Biden revierte retrocesos de Trump a ley ambiental clave
La reversión significa que el gobierno de los EE.UU. debe evaluar los impactos ambientales, incluidos aquellos asociados con el cambio climático, durante las revisiones de los proyectos de infraestructura
El presidente Joe Biden está revirtiendo los retrocesos realizados por el expresidente Donald Trump en las revisiones ambientales que acompañan a proyectos de infraestructura como carreteras y puentes.
La administración Biden está analizando cómo se implementa la Ley de Política Ambiental Nacional.
El presidente Trump revisó la ley, conocida como NEPA, en 2020. La legislación de la era de Nixon es una de las leyes ambientales históricas del país, que las comunidades minoritarias y de bajos ingresos han usado por décadas para luchar contra los posibles contaminadores.
El martes, el Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca (CEQ) anunció que estaba restaurando tres elementos de NEPA, que incluyen “una reafirmación de que las agencias federales deben evaluar todos los impactos ambientales relevantes, incluidos aquellos asociados con el cambio climático, durante las revisiones ambientales”.
“Restaurar estas medidas de seguridad comunitarias básicas brindará certeza regulatoria, reducirá los conflictos y ayudará a garantizar que los proyectos se construyan correctamente la primera vez”, explicó la presidenta del CEQ, Brenda Mallory.
“Reparar estos vacíos en el proceso de revisión ambiental ayudará a que los proyectos se construyan más rápido, sean más resistentes y brinden mayores beneficios a las personas que viven cerca”.
Previo a los cambios realizados por la administración Trump, la NEPA instruyó a las agencias federales a tomar en cuenta los impactos ambientales antes de aprobar proyectos de infraestructura, y buscar el comentario público antes de emitir permisos.
Los cambios de la última administración limitaron la opinión pública y establecieron plazos estrictos de hasta dos años para completar los estudios ambientales.
También permitió a las agencias federales descartar por completo las evaluaciones ambientales en algunos proyectos, y anular las consideraciones sobre cómo los planes de infraestructura impactarían en la crisis climática.
La decisión también significaba que los efectos “acumulativos” de un proyecto sobre el medio ambiente ya no serían considerados, y se revisarían en un silo de las fuerzas contaminantes existentes en un área.
NEPA ha brindado a los activistas ambientales y a las comunidades la oportunidad de oponerse a los proyectos, frecuentemente derivando en batallas legales.
La tribu Standing Rock Sioux utilizó la NEPA para presentar un desafío legal contra el oleoducto Dakota Access (DAPL). En la ciudad costera atlántica de Arecibo, Puerto Rico, los habitantes usaron las medidas de seguridad de NEPA para detener la operación de un incinerador de conversión de desechos en energía en una zona que ya sufre contaminación por metales pesados.
Las comunidades minoritarias y de bajos ingresos son las más afectadas por la contaminación y la emergencia climática.
Alrededor del 68 por ciento de los hogares negros y más de un tercio de los latinos viven a 30 millas alrededor de una planta de energía a carbón, según GreenAmerica.org, lo que los hace más propensos a sufrir los impactos de la contaminación en la salud, como problemas respiratorios y del corazón.