Nicaragua: observatorio electoral denuncia "ilegalidad e intimidación" en elecciones región Caribe
Tras la detención de dos líderes opositores y la suspensión del partido indígena al que pertenecían, las próximas elecciones en dos regiones del Caribe en Nicaragua apuntan a una victoria del sandinismo, en lo que un observatorio electoral ve una maniobra del presidente Daniel Ortega para hacerse con el “control político absoluto del país”.
Dentro de tres meses, el próximo 3 de marzo, hay elecciones en las grandes regiones autónomas del Caribe Norte y del Caribe Sur, lideradas históricamente por indígenas.
El observatorio electoral ciudadano “Urnas Abiertas” denunció el viernes que el ambiente de “ilegalidad e intimidación” que rodea a estos comicios prepara el terreno para una victoria del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Olga Valle, directora del organismo, dijo a The Associated Press que las elecciones están marcadas por el arresto de dirigentes opositores de la zona, invasiones de tierras indígenas y por la proscripción del principal partido autóctono del Caribe.
Esos territorios, ricos en recursos naturales pero con una población empobrecida, son los últimos bastiones aún no conquistados abrumadoramente por el oficialismo, aunque ha ido ganando terreno poco a poco.
Esta semana, el Consejo Supremo Electoral (CSE) convocó oficialmente a los comicios en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN) y la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS), para elegir a los 45 miembros de cada uno de los dos Consejos Regionales Autónomos.
“Estas elecciones se realizan en medio de altos niveles de violencia política, un agravamiento de la invasión territorial y después de la cancelación del partido Yatama”, recalcó Valle, recordando que esa organización significaba para grandes sectores de la población costeña “el único instrumento político que representaba sus demandas e intereses”.
El partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), que en lengua misquita significa “Hijos de la Madre Tierra”, fue borrado del mapa electoral del CSE en octubre pasado. El tribunal electoral no explicó las razones de la suspensión.
Antes de la cancelación de Yatama, el 29 de septiembre, fue arrestado su líder máximo.
Al veterano dirigente indígena Brooklyn Rivera, diputado ante la Asamblea Nacional, se le había prohibido ingresar a Nicaragua por lo que entró al país de forma clandestina desde Honduras a mediados del año, según él mismo reveló.
Rivera, de 72 años, fue dirigente de los indígenas misquitos alzados en armas que lucharon contra el primer gobierno de Ortega, en la década de 1980.
Luego fue aliado del gobernante Frente Sandinista, del que tomó distancia en los últimos años al denunciar las invasiones de territorios indígenas por parte de “colonos”, agricultores mestizos que intentan ocupar tierras en zonas del Caribe.
Dos días después de su detención, se denunció la de la diputada suplente Nancy Henríquez James, representante legal de Yatama, que fue condenada hace tres días a 8 años cárcel por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
Esos son los delitos que se imputan generalmente a los opositores.
Según Olga Valle, ambos arrestos fueron “ilegales y arbitrarios” porque los diputados tenían inmunidad parlamentaria. El artículo 130 de la Constitución de Nicaragua establece que “ningún funcionario podrá ser detenido ni procesado” mientras goce de inmunidad.
El FSLN ha ganado consecutivamente las elecciones regionales en 6 de las 30 circunscripciones del Caribe Norte y del Caribe Sur hace 20 años; el resto ha quedado en manos de Yatama y de otras agrupaciones indígenas. No obstante, en los últimos comicios —que fueron cuestionados por la oposición—, el partido sandinista ha ido incrementando su poder.
A juicio de Olga Valle, en la próxima convocatoria electoral “el FSLN buscará replicar en la costa Caribe su modelo de control político absoluto que ha aplicado en el resto del país”.
Y eso le permitirá también “apropiarse de los recursos naturales de las regiones autónomas” que, según la ley de Autonomía, deben ser administrados por los gobiernos de la zona.
Liza Francis Henríquez, hija de la diputada, se declaró “desconsolada” al conocer la sentencia y, consultada por AP, dijo que su madre está detenida en la cárcel de mujeres “La Esperanza”. Aseguró que enfrenta “varios problemas de salud que no han sido atendidos”.
En el caso de Brooklyn Rivera, “Urnas Abiertas” indicó que no ha sido visto desde su arresto por sus familiares, abogados defensores ni representantes de los derechos humanos. Tampoco la policía ni la Fiscalía han confirmado su detención, por lo que “se encuentra en condición de desaparición forzada”.
En noviembre de 2021, Ortega se reeligió para un cuarto mandato consecutivo, tras enviar a prisión más de 50 líderes opositores, entre ellos los siete aspirantes a la presidencia que pretendían disputarle el poder.
Un año más tarde, en las anteriores elecciones regionales del Caribe, el FSLN tomó el control de las 153 alcaldías del país, lo que le permitió a Ortega ampliar su poder también a nivel municipal. En esos comicios, el FSLN obtuvo el control de 12 alcaldías que estaban en poder de dos partidos liberales, tildados de “colaboracionistas” por la oposición.
Con respecto a la violencia política en la zona, la región más pobre y marginada del país, “Urnas Abiertas” documentó denuncias recibidas de las localidades de Bilwi y Waspán (norte) así como de Bluefields y Kukra Hill (sur) sobre “tácticas” del gobierno para “intimidar” a la población de cara a los comicios.
Entre estos hechos, el informe menciona “un incremento en el asedio policial y la militarización de territorios”, al igual que “la detención de religiosos y ex trabajadores del Estado” y la “prohibición de actividades religiosas”.
Ciudadanos que han mostrado intención de postularse a esas elecciones han sufrido “asedio en sus domicilios” por parte de la policía, mientras el CSE le ha negado la entrega de cédulas de identidad a personas identificadas como opositoras, señaló.