Milei impulsa reformas que incluyen intervención de militares en lucha contra el terrorismo
El gobierno del presidente argentino Javier Milei anunció el jueves el envío al Congreso de una serie de proyectos de reforma en materia de seguridad que contemplan la modificación de una ley para permitir la intervención activa de las Fuerzas Armadas en el combate al terrorismo.
El ministro de Defensa, Luis Petri, dijo en una conferencia de prensa que la iniciativa habilita a los militares a patrullar, controlar personas, vehículos e instalaciones y aprehender en flagrancia a quienes cometan hechos destinados a aterrorizar a la población.
El funcionario indicó que según el proyecto los militares pueden emplear “medios coercitivos con la proporcionalidad y la progresividad en el uso de la fuerza”.
En tanto, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció otras iniciativas como la “Ley Antimafias” que apunta a que todos los miembros de una organización criminal, no importa su nivel de responsabilidad en la misma, reciban la pena más grave que corresponde al principal autor del delito.
Bullrich dijo que el Ejecutivo también impulsará la ampliación “del marco de la legítima defensa y del cumplimiento del deber” de las fuerzas de seguridad para "cambiar esta idea de que los policías terminan siendo los victimarios”, así como penas de entre 4 y 6 años a los organizadores de manifestaciones ”que instigan al corte de calles o que obligan a la gente a participar bajo promesas de remuneración o amenazas".
En lo que se refiere a la iniciativa para modificar la ley que no permite labores militares en mataria de seguridad interior, Petri señaló que el gobierno busca devolver la tranquilidad a los habitantes de la ciudad de Rosario, situada en la provincia de Santa Fe y que sufre desde unas semanas el recrudecimiento de actos violentos cometidos por narcotraficantes que han sido calificados por el gobierno como “narcoterroristas”. De aprobarse la reforma a la ley, la intervención militar también podría aplicarse en otras provincias donde ocurran ese tipo de delitos.
Petri consideró que Milei, un economista de ultraderecha que llegó al poder en diciembre, está planteando “la reforma más importante” en materia de seguridad interior desde la aprobación de la ley sobre esa materia en 1991.
Petri cuestionó que esa norma sólo prevea la intervención de los militares en seguridad interior para dar ayuda logística a las fuerzas de seguridad y a partir de la declaración del estado de sitio, “donde no se resuelve el problema porque se suspenden las garantías constitucionales y no actúan bajo un procedimiento determinado”.
También criticó que para el único supuesto que Argentina utiliza actualmente sus Fuerzas Armadas en temática de seguridad es en el caso de agresiones externas de otro Estado, a partir de un decreto de 2006 que “violenta el espíritu” de la legislación sobre defensa.
El funcionario salió al paso de las críticas que existen en Argentina sobre dar mayor intervención a los militares en la seguridad interior, al señalar que estos últimos han sido “demonizados” por administraciones anteriores por la represión ilegal durante la última dictadura de 1976 a 1983 en la que 30.000 personas desaparecieron, según organismos de derechos humanos.
“Creemos que el Congreso nos va a acompañar, la inmensa mayoría de los países usan sus Fuerzas Armadas para el combate del terrorismo, así como todos los países limítrofes las usan para custodiar sus fronteras”, afirmó Petri.
El partido La Libertad Avanza que encabeza Milei está en clara desventaja en el Congreso, donde iniciativas reformistas del mandatario en materia económica se han topado con obstáculos.
Petri subrayó que los militares no intervendrán en el combate de delitos comunes sino cuando un eventual comité de crisis “defina que existen actos terroristas y con la anuencia del gobernador de la provincia” afectada.
El gobernador de Santa, Fe Maximiliano Pullaro, se ha mostrado a favor de que los militares se sumen de forma activa al combate de los narcos luego de que en las últimas semanas sicarios mataron de forma aleatoria en Rosario a dos taxistas, al chofer de un autobús y al empleado de una gasolinera para intimidar a las autoridades.
Efectivos de las Fuerzas Armadas fueron enviados a esa ciudad situada a 300 kilómetros de Buenos Aires para brindar únicamente apoyo logístico a los agentes de seguridad federales y provinciales mediante la provisión de vehículos y armamento.
Las voces críticas a la participación de militares en la lucha contra el narcotráfico señalan que en otros países como México terminaron siendo cooptadas por el delito.