Fracasa lucha contra la corrupción de López Obrador, cuenta pública revela desvíos e irregularidades

Una de las promesas más esperanzadoras de Andrés Manuel López Obrador, la de “acabar con la corrupción”, se desmorona desde hace un par de semanas y este domingo termina de caerse con el informe de la ASF (Auditoría Superior de la Federación), que reveló irregularidades por más de 63 mil millones de pesos (aproximadamente 3.000 millones de dólares) en las obras insignia del gobierno actual, como el Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería Dos Bocas, el Tren Maya y los programas sociales de apoyo a las personas de escasos recursos.

Se trata apenas de la tercera parte del informe de la Cuenta Pública del 2020, es decir, no toma en cuenta todas las transacciones que se llevaron a cabo en el 2021, sin embargo, sí presenta un panorama general de la falta de transparencia de la administración en curso, en la que se han elevado de manera exponencial el número de adjudicaciones directas que son ahora el método más común de asignación de recursos.

Tras el par de semanas en las que la presidencia de México se ha ocupado de contener la crisis que generó una nota del periodista Carlos Loret de Mola, en la que revela un posible conflicto de interés por la renta de una casa en Houston, Texas, por parte de José Ramón López Beltrán, hijo del mandatario, hoy López Obrador aseguró que todas las irregularidades reportadas serán “subsanadas”.

Sin embargo, AMLO también criticó el actuar de la Auditoría en los sexenios anteriores cuando, aseguró, “no vieron” la corrupción que se cometió y, por lo tanto, no hay funcionarios castigados.

“¿Vieron lo de la entrega de reclusorios a privados, vieron lo de la compra del gas de manera excesiva?, por poner casos (...) Ahora que estamos nosotros, ¡sí están viendo!”, dijo en la conferencia de prensa, a pesar de que Emilio Lozoya, implicado en el caso Odebrecht, fue capturado y extraditado en esta administración y no ha logrado ser juzgado por el delito de corrupción o  lavado de dinero.

La Cuenta Pública 2020 informa, entre otras cosas, que el Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) no entregó 650 ventiladores con un costo de casi mil millones de pesos; así como tampoco comprobó la entrega de más de un millón de cubrecamas por un monto de más de 40 millones de pesos; y tampoco cuenta con el pago de 1.600 millones de pesos para comprar 2.225 ventiladores.

En otros datos referentes al manejo de la pandemia en México, la Secretaría de Salud no pudo completar los datos sobre el total de vacunas adquiridas, además de que se reportaron irregularidades en el registro de ingresos de dosis en 10 coordinaciones estatales. Esto, porque la estrategia de vacunación fue exclusiva del gobierno federal.

En acontecimientos ampliamente publicitados como la supuesta rifa del avión presidencial, la ASF encontró que se vendieron 3.6 millones de boletos, mientras que la Lotería Nacional reportó que habían sido 4.5 millones, lo que resulta en una diferencia de casi 520 millones de pesos.

Entre todo lo que observó la ASF, destaca la mención del AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles), próximo a inaugurarse en la última semana de marzo, en el que la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), encargada de la ampliación del puerto aéreo, no reportó el uso de 20 mil millones de pesos (mil millones de dólares) del fideicomiso con el que se está solventando la obra.

Otras obras, como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas, observaron anomalías por 1.300 millones y 59.2 millones de pesos, respectivamente.

Por su parte, en dependencias como Liconsa y Diconsa, que se encargan de distribuir alimentos e insumos a las comunidades más pobres, reportaron irregularidades en contrataciones, comprobación de pagos, faltantes de mercancías y hasta salidas de efectivo injustificadas que representan un daño al erario por 8 mil 638 millones de pesos. Ambos programas pertenecen a Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana), organismo creado apenas en la actual administración cuyos funcionarios fueron separados de su cargo y puestos bajo investigación, según anunció la FGR hace un mes.

La Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), de la que depende Segalmex, destituyó a Bernardo Fernández Sánchez como director de Operaciones de Segalmex; a Manuel Lozano Jiménez, quien fungía como apoderado legal y director de Comercialización de Liconsa y Diconsa, y a Carlos Antonio Dávila Amerena, director de Asuntos Jurídicos.

Por su parte, la Auditoría también encontró que los 64.5 millones de pesos pagados por un contrato de software para el Banco del Bienestar resultaron en pérdida, pues el sistema bancario no cumplía con las necesidades de la entidad financiera federal. Mientras que se observaron 118.3 millones de pesos por la falta de estudios suficientes para la construcción y equipamiento de cientos de sucursales bancarias.

En cuanto a los programas sociales, se observó que más de 130 millones de pesos fueron entregados a 13 mil beneficiarios que no cumplían con los requisitos; más de 100 millones de pesos de la pensión de adultos mayores fueron entregados a más de 2 mil personas fallecidas y 22 millones de pesos a 1.567 personas que no cumplían los requisitos.