Gobierno de Venezuela y oposición definen vía para revisar la inhabilitación política a candidatos
Representantes del gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro y de un sector de la oposición acercaron posturas para revisar las inhabilitaciones a ejercer cargo público que pesan contra políticos, como la candidata a la presidencia María Corina Machado.
La embajada noruega en México informó que ambas partes acordaron un procedimiento al que pueden acudir los dirigentes políticos opositores que tienen inhabilitación, dictada por la Contraloría General, para que la medida sea revisada.
Entre los inhabilitados —una figura que impide ejercer cargo público— está la exlegisladora María Corina Machado, ganadora de las primarias de octubre para enfrentar en las elecciones de 2024 al presidente Nicolás Maduro.
La Contraloría General inhabilitó Machado para ejercer cargos públicos por 15 años apenas unos meses antes de las primarias en la que resultó victoriosa con un respaldo popular de 92,35%.
La representación diplomática noruega, que funge de mediadora en los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición, señaló en un comunicado divulgado en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, que las partes acordaron el procedimiento para “procurar la revisión de las medidas de inhabilitación” dictadas por la Contraloría ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Se estableció que los afectados deberán acudir personalmente a la Sala Político Administrativa del máximo tribunal —controlado por el oficialismo— para presentar un recurso contra la inhabilitación. El máximo tribunal se “pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo solicitado”, entre el 1 y el 15 de diciembre.
El Tribunal Supremo viene de ratificar en octubre las prohibiciones impuestas por el gobierno de Maduro a tres candidatos, incluida Machado, de postularse para cargos públicos.
El anuncio se produjo casi seis semanas después de que Washington suspendiera temporalmente algunas sanciones a los sectores del petróleo, el gas y el oro de Venezuela, tras llegar a un acuerdo formal entre las partes para alcanzar una serie de condiciones básicas en las próximas elecciones presidenciales, previstas para el segundo semestre de 2024.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió posteriormente una licencia general de seis meses que autoriza temporalmente las transacciones que involucren a los sectores de petróleo y gas de Venezuela. Otra medida que autoriza los negocios con la compañía estatal de extracción de oro.
Además, eliminó la prohibición de negociación secundaria de determinados bonos soberanos venezolanos, aunque la restricción para negociar en el mercado primario de bonos venezolanos sigue vigente.
Sin embargo, el Departamento del Tesoro advirtió que el levantamiento temporal de sanciones se puede modificar o revocar en cualquier momento en caso de que los representantes del gobierno venezolano no cumplan con sus compromisos.
Los críticos de gobierno insistentemente alertaban que más de un mes después de los acuerdos suscritos en Barbados, en el marco de la reanudación de los diálogos, la administración de Maduro no había tomado una medida concreta con miras a garantizar comicios presidenciales libres y justos en 2024.
“Hemos dado un paso más en la dirección correcta, ratificando lo acordado en Barbados, para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho y la Constitución en Venezuela. Seguimos avanzando”, dijo Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno de Maduro y presidente de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, mediante su cuenta en la red social de X.
El Tribunal también el 30 de octubre suspendió extemporáneamente el proceso electoral primario. Cinco días después, la Fiscalía General, encabezada por el legislador oficialista Tarek William Saab, abrió una investigación a los organizadores de las primarias por los presuntos delitos de usurpación de funciones electorales, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Maduro y sus aliados han desacreditado y minimizado las primarias durante todo el año, pero intensificaron sus ataques después de que las las primarias excedieran las expectativas de participación. Más de 2,4 millones de venezolanos en el país y en el extranjero votaron, incluso en áreas que alguna vez fueron consideradas bastiones del partido gobernante.
En un intento de arrojar un manto de dudas sobre la elección de la candidata opositora, sobre la legalidad de las primarias y el alto nivel de participación, los aliados de Maduro catalogan de “farsa” el proceso y la seriedad de la votación.