UE: Histórico acuerdo presupuestario y de rescate por COVID

Los líderes de la Unión Europea lograron el jueves un acuerdo para un enorme presupuesto a largo plazo y fondos para ayudar a las vapuleadas economías del bloque a recuperarse del impacto de la pandemia de coronavirus, pero los críticos denunciaron que el acuerdo no penaliza a Hungría ni a Polonia por abusar del estado de derecho.

El presupuesto de 1,82 billones de euros (2,21 billones de dólares) para siete años y el paquete de rescate entrarán en vigor el 1 de enero. Polonia y Hungría respaldaron el acuerdo en julio, pero posteriormente lo vetaron, temiendo que el nuevo “mecanismo del estado de derecho" pudiera penalizarles por posibles violaciones a los estándares democráticos de la UE.

“Ahora podemos comenzar la implementación y reconstruir nuestras economías. Nuestro histórico paquete de rescate impulsará nuestras transiciones verde y digital”, dijo el presidente del Consejo de Europa, Charles Michel, en un tuit tras romperse el estancamiento en una cumbre de la UE que él presidió en Bruselas.

El acuerdo fue alcanzado apenas días después de que parecía que los 25 socios de Polonia y Hungría en el bloque crearían un paquete de recuperación por el coronavirus sin ellos, privándoles de miles de millones de euros en asistencia.

El primer ministro húngaro Viktor Orban estaba de buen humor.

“Fue una noche agradable. Podemos poner la champaña a enfriar", afirmó en un video colocado en su cuenta en Facebook, agregando que “predominó el sentido común”.

“Logramos evitar el peligro de que se usen medios presupuestarios para forzar a Hungría a tomar decisiones que no quiere tomar ni aceptar, y a fin de cuentas defendimos el dinero de los húngaros, que viene bien para el desarrollo económico en los próximos años”, dijo.

También en Facebook, el premier polaco Mateusz Morawiecki dijo que el acuerdo es “una victoria doble”.

“Ahora ya puede ser implementado el presupuesto europeo, y Polonia recibirá 770.000 millones de zlotys (173.000 millones de euros). Este dinero está asegurado porque el mecanismo de condicionalidad ha sido limitado por criterios muy precisos”, dijo.

De acuerdo con la solución negociada, la Comisión Europea redactará las directrices para el uso del nuevo mecanismo sobre el estado de derecho y qué pudiera activarlo, en cuyo caso el máximo tribunal europeo intervendría para determinar su validez. La comisión no penalizaría a ningún país hasta que las directrices sean redactadas.

Un funcionario francés, que pidió no ser identificado por no estar autorizado a hablar sobre el asunto, dijo que los pasos que se tomen contra un país por no mantener el estado de derecho serán aplicables retroactivamente a partir del 1 de enero del 2021.

El presidente francés Emmanuel Macron tuiteó que los líderes “adoptaron un acuerdo robusto para aplicar en torno al mecanismo, en respeto al estado de derecho. Europa avanza hacia adelante, unida, y muestra sus valores".

Aunque reconocieron que a los gobiernos nacionales les urgen los fondos para hacer frente al impacto económico provocado por la pandemia de coronavirus, algunos advirtieron de los peligros de demorar una vez más el actuar contra Hungría y Polonia, cuyos gobiernos nacionalistas han sido acusados de socavar la independencia del poder judicial y la libertad de prensa.

Daniel Freund, negociador por el grupo Verde en el Parlamento Europeo sobre el estado de derecho, advirtió que la solución negociada en las conversaciones pondría al sistema “en espera por 1 o 2 años".

“El estado de derecho en Europa está en crisis", manifestó, y consideró que los miembros del bloque no deberían estar presionando a la Comisión Europea para que evite aplicar “las leyes existentes mientras la independencia judicial es abolida en Polonia o miles de millones de fondos de la UE van a parar a la familia y amigos de Orban".

Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, dijo que la demora “permitirá un daño irreparable a los derechos humanos de la gente en Polonia y Hungría, y a la integridad del estado de derecho en toda la UE".

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Samuel Petrequin en Bruselas, Sylvie Corbet en París, Monika Scislowska en Varsovia y Justin Spike en Budapest contribuyeron con este despacho.