Titular CIDH dice que en Nicaragua rige estado de excepción
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia que “el estado de excepción de facto” que rige en Nicaragua busca inhibir la disidencia en un año en el que el presidente Daniel Ortega pondrá su poder en juego en elecciones presidenciales
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, denunció el miércoles que la “prolongación del estado de excepción de facto en Nicaragua busca inhibir la disidencia en un año en el que el presidente Daniel Ortega pondrá su poder en juego en elecciones presidenciales.
Urrejola presentó un informe durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el que reportó la detención de al menos 20 opositores en las últimas semanas, entre ellos los aspirantes a la presidencia Cristiana Chamorro -bajo arresto domiciliario-, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora.
Existe “un contexto de impunidad generalizada y constantes violaciones a derechos humanos como parte de una nueva fase de represión” que obedece a “la negativa del Estado nicaragüense a realizar elecciones justas, libres y transparentes”, afirmó la también relatora especial de la CIDH para Nicaragua.
Agregó que en el último mes la CIDH recibió 27 solicitudes de medidas cautelares para personas perseguidas o amenazadas en Nicaragua, casi la misma cantidad recibida en todo el año 2020.
Urrejola rechazó “la persecución a líderes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos” y dijo que durante los recientes arrestos de opositores en muchos casos hubo uso de fuerza y allanamiento de viviendas sin orden judicial.
Añadió que varios de los detenidos fueron llevados a “audiencias secretas y sin representación legal”. Las autoridades también rechazaron los recursos de exhibición personal presentados por familiares y no han brindado información sobre el lugar donde se encuentran los detenidos ni sobre su estado de salud.
Reiteró que la represión de las protestas sociales en 2018 dejó al menos 328 muertos, más de 2.000 heridos, más de 100.000 emigrados y más de 1.600 detenidos en distintos momentos de la crisis. “Actualmente más de 124 personas permanecen privadas de libertad de manera arbitraria”, advirtió.
El embajador de Nicaragua en la OEA, Ricardo Alvarado, calificó el informe de “falaz y malintencionado” y dijo que la CIDH es “utilizada como punta de lanza por Estados Unidos contra Nicaragua”.
También acusó al gobierno de Joe Biden y de otros países de ejercer una “descarada injerencia en el proceso electoral nicaragüense” y sostuvo que los opositores a Ortega son “grupos terroristas, mercenarios y vendepatrias dirigidos y financiados por el gobierno norteamericano”.
“Intentan reeditar el fallido golpe de Estado en el marco del proceso electoral”, sostuvo Alvarado en alusión a las protestas de 2018. Añadió que todo es parte de una “campaña de desprestigio contra el gobierno de Nicaragua” para “facilitar condenas y linchamientos políticos en la OEA”.
El representante nicaragüense también arremetió contra los gobiernos de Canadá Chile y Costa Rica después de que sus embajadores intervinieron en la sesión para condenar al gobierno de Ortega. Alvarado llamó “dictadura” al gobierno de Uruguay lo que motivó una airada protesta del embajador del país sudamericano.