Legislador británico defiende su segundo y jugoso trabajo

Un legislador británico defendió el miércoles su segundo trabajo, con un sueldo de 400.000 libras (450.000 dólares) anuales, mientras se multiplican los reclamos contra los políticos que tienen ingresos por aparte de sus puestos.

El conservador Geoffrey Cox, exprocurador general de la nación, dijo que su trabajo adicional de abogado no le impedía defender los intereses de los votantes del distrito del suroeste de Inglaterra que representa en el Parlamento

Como político, Cox gana 82.000 libras (110.000 dólares anuales). Su trabajo de abogado, que le reditúa un ingreso varias veces mayor, incluye asesorar al gobierno de Islas Vírgenes Británicas en un caso de corrupción. Se le permitió votar mediante un apoderado en el Parlamento mientras él se encontraba en el país caribeño, un territorio británico de ultramar.

Un comunicado en el sitio web de Cox dice que el legislador “trabaja habitualmente 70 horas semanales y siempre se asegura de que su trabajo para sus representados tenga la mayor importancia y se realice cabalmente”.

La declaración dice que “corresponde a los votantes de Torridge y West Devon decidir si votan o no por un profesional eminente en su campo y que aún practica su profesión”.

Los parlamentarios pueden tener ingresos de otros trabajos siempre que los declaren y que no se convierta en cabildeo. Cox declara 400.000 libras anuales por 41 horas de trabajo al mes.

Angela Rayner, la número dos del opositor Partido Laborista dijo que ese nivel del trabajo exterior es inaceptable. “Estamos aquí para representar a nuestros votantes, no a nosotros mismos y esto huele a mugre y corrupción”, dijo.

El gobierno del primer ministro Boris Johnson trata de restar importancia a las denuncias de corrupción provocadas por su intento de modificar el sistema que vigila las normas de los legisladores.

La semana pasada, el gobierno trató de bloquear la suspensión de un parlamentario conservador al que se halló culpable de violar las normas al cabildear a favor de dos empresas que le pagaban 100.000 libras (137.000 dólares) al año. En lugar de suspender a Owen Paterson por 30 días como recomendó la comisión de normas de la cámara de los Comunes, el gobierno ordenó al bloque conservador que se opusiera a la suspensión y exigiera una reforma general del proceso de estándares.

Ante la furiosa reacción que se desató, el gobierno cambió de rumbo al día siguiente, pero crecen las presiones para que ajuste las normas.

El episodio de cabildeo alimentó nuevas denuncias de que Johnson y su gobierno conservador no acatan las mismas normas que el resto de la gente.

Se han iniciado demandas contra la asignación por el gobierno de decenas de millones de libras para la provisión de equipos y servicios durante la pandemia de coronavirus a través de contratos otorgados apresuradamente y con escasa supervisión.

La secretaria del Interior, Priti Patel pudo conservar su puesto a pesar de que acosó a miembros de su personal. Johnson ha recibido críticas por aceptar vacaciones de lujo en la isla caribeña de Mustique y en España. La comisión supervisora del Parlamento estudia el origen de los fondos que empleó para amueblar sus cuartos privados dentro de la residencia oficial de Downing Street.