Fiscales de EEUU se niegan a implementar leyes republicanas

Cuando los republicanos en la Legislatura de Tennessee bloquearon una flexibilización a las normas sobre marihuana, el fiscal general de Nashville evadió el tema, simplemente negándose a acusar a nadie por ese delito.

Entretanto en Georgia el fiscal general del condado Gwinnett ha prometido no penalizar nadie por el delito de dar agua o alimentos a la gente que está haciendo cola para votar.

En Tampa, el fiscal calificó de “un asalto contra nuestra democracia” A la ley que exige retener a manifestantes hasta la fecha de su juicio.

Y en el condado Douglas de Kansas, el fiscal ha prometido no imponer la ley que prohíbe recaudar papeletas de votación en caso de votos por correo.

Todos son ejemplos de una nueva tendencia, en que fiscales progresistas en Estados Unidos se están negando a velar por el cumplimiento de leyes aprobadas por legislaturas republicanas, incluso las que prohíben abortos, las que restringen la votación, las que restringen las protestas, las dirigidas a la población LGBTQ y las que prohíben las órdenes de ponerse la mascarilla contra el coronavirus.

Los funcionarios insisten en que simplemente están haciendo lo correcto, al aumentar la presión para cambiar un sistema que muchos consideran demasiado dependiente en las soluciones penitenciarias, especialmente cuando se trata de delitos menores no violentos.

Pero lo cierto es que parte de la razón es por política. Estos son funcionarios viven en distritos demócratas y están ansiosos por ser reelegidos.

“La verdadera razón de todo esto es la política”, Jeffrey Bellin, profesor de leyes en la Universidad William & Mary.

“El cargo de fiscal general depende de las elecciones en casi todo el país y, al final de cuentas, se trata de ser el más popular”, añadió.

Los fiscales en Estados Unidos gozan de amplia discreción en cuanto a quién procesar penalmente, dependiendo de si un caso es demasiado débil, o si el delito es muy menor o incluso si el fiscal considera que la ley relevante no es constitucional.

En octubre pasado, más de 70 fiscales de todo Estados Unidos advirtieron públicamente que no procesarán a personas que violen las duras leyes contra el aborto aprobadas en distintas partes del país, pues “no debemos penalizar y no penalizaremos a la gente por las decisiones que tomen para su propia salud”, incluso si la Corte Suprema termina anulando la legalización del aborto.

Y en junio, más de 70 fiscales y jefes policiales firmaron una carta similar, prometiendo no procesar a padres o médicos que violen leyes locales que prohíben ciertos tratamientos médicos para jóvenes transgénero.

“Sabemos que en la historia de Estados Unidos ha habido gente que quiso criminalizar los matrimonios de raza mixta, o prohibir que gente de distintas razas se sienten a comer en el mismo lugar, usen el mismo baño o beban de la misma fuente de agua”, declaró Miriam Krinsky, directora ejecutiva de Fair and Just Prosecution, la organización activista que publicó las cartas. “El cambio suele venir de abajo y llegar hasta el liderazgo”.

En Nashville, el fiscal Glenn Funk ya está acostumbrado a ignorar las leyes aprobadas por la mayoría republicana en la Legislatura, afirmando que en su ciudad “la gente lo que desea es una estrategia razonable para hacer justicia, que vele por la seguridad ciudadana sin tener que meter presa a la gente sin razón válida”.

Funk se está postulando para la reelección en el 2022 por otros ocho años en el cargo, aunque anticipa que le saldrá algún rival.

Semanas atrás, Funk rechazó las órdenes del gobernador republicano Bill Lee y prometió que no iba a penalizar a maestros o docentes que impongan el uso de mascarilla sanitaria en las escuelas, pese a que el gobernador emitió una orden ejecutiva que permite a los padres eximir a sus hijos de ponerse las máscaras.

“Yo no voy a procesar a maestros que están tratando de proteger la salud de los niños”, aseveró Funk.

También se negó a aplicar una ley del 2020 que obliga a los profesionales de la salud a informarles a mujeres que se están tomando píldoras para inducir un aborto que el procedimiento puede ser revertido, lo que según expertos carece de fundamento científico.

Funk declaró que dicha ley es “inconstitucional” y que “el código penal no debe ser usado por el Estado para controlar el cuerpo de una mujer”.

Tennessee aprobó meses atrás una ley que le requiere a los negocios colocar a la entrada de sus baños una advertencia de que una persona transgénero puede estar dentro. Funk dejó claro que también ignorará esa ley: “Yo no voy a estar promoviendo el odio”.

Distintos jueces pusieron en pausa las leyes sobre las advertencias en los baños y sobre los abortos inducidos, y en tres condados bloquearon la directiva que permitía a los padres eximir a los niños de la obligación de ponerse la máscara antiCOVID.

Funk afirmó que los fiscales “deben servir de contrapunto para los casos en que las legislaturas se excedan”.

“Creo además que es nuestra responsabilidad, como funcionarios públicos, elevar nuestra voz cuando estamos en desacuerdo”, relató Funk a The Associated Press.

“Porque si los funcionarios públicos se quedan callados cuando es aprobada una ley inconstitucional, una ley que podría estar deshumanizando a gran parte de la población, quedará la impresión de que no hay otro punto de vista y de que por lo tanto no debe haber discusión alguna”, añadió.

Un fiscal estatal en Vermont se está negando a procesar a quienes posean drogas que ayudan a la terapia contra la adicción, como por ejemplo la buprenorfina. En el condado de Seattle, la fiscalía ha dejado claro que no presentará cargos contra quienes tengan pocas cantidades de drogas, y el fiscal del condado Washtenaw en Michigan, al igual que muchos otros en la ciudad de Nueva York, han advertido que no presentarán cargos por prostitución si queda claro que se trató de un intercambio consensual. En Filadelfia, el fiscal general advirtió que no procesará a quienes operen clínicas de prevención de sobredosis de drogas, pese a las leyes aprobadas en su contra.

En Tampa, Florida, el fiscal Andrew Warren calificó de “un atentado contra nuestra democracia” la ley que endurece las penas contra quienes participen en hechos violentos durante las protestas, y que fue aprobada tras el estallido de protestas contra la injusticia racial en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd Un juez ha suspendido la vigencia de esa ley.

No obstante, hay que recordar que la misma herramienta puede ser usada por la tendencia política contraria, por ejemplo como está ocurriendo con las leyes sobre la mascarilla higiénica. En el condado York de Pensilvania el fiscal general Dave Sunday, un republicano, ha instruido a los policías a ignorar la orden del gobernador demócrata Tom Wolf de imponer el uso de máscaras en las escuelas.

En el condado Coffee de Tennessee, el fiscal conservador Craig Northcott ha declarado que las personas gay no tienen derecho a protecciones contra la violencia doméstica, argumentando que esas leyes se aprobaron para proteger “la santidad del matrimonio”.

Numerosos legisladores de derecha han denunciado a Funk, aunque hasta sus esfuerzos por destituirlo no han prosperado. El diputado local John Ragan, patrocinador de la ley sobre avisos sobre personas transgénero, le pidió al fiscal general estatal su opinión sobre si la actitud de Funk amerita destitución. El fiscal general Herbert Slatery, un republicano, declinó entrometerse en el asunto, citando las demandas pendientes contra la ley.

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Claudia Lauer en Filadelfia contribuyó con este reportaje.